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Panamá vuelve a ocupar los primeros lugares en Índice de Corrupción 2025

Panamá vuelve a obtener 33 puntos en el IPC 2025, un resultado que profundiza la percepción de debilidad institucional y afecta su competitividad urbana.

Panamá vuelve a ocupar los primeros lugares en Índice de Corrupción 2025
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Panamá registró 33 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 (IPC 2025) de Transparency International, una calificación que confirma que la corrupción en Panamá sigue siendo un factor estructural en la percepción sobre su sector público. El resultado coloca al país por debajo del promedio de las Américas, fijado en 42 puntos, y lo mantiene dentro del grupo de naciones con bajo desempeño en integridad institucional.

Qué mide el IPC y por qué importa para las ciudades

El IPC evalúa la corrupción percibida por expertos y empresarios en una escala de 0 a 100, donde los valores más altos reflejan mayor transparencia. En el caso panameño, la repetición del puntaje evidencia un estancamiento que impacta directamente en la gobernanza urbana, ya que la confianza en las reglas, los permisos y la gestión pública es clave para el desarrollo de las ciudades.

A nivel global, el informe advierte que el promedio mundial también se sitúa en 42 puntos, con señales de deterioro vinculadas al debilitamiento de controles, presiones sobre la independencia judicial y baja efectividad para sancionar redes de corrupción. En América Latina, predominan calificaciones bajas y pocos países superan con claridad el umbral de 50 puntos, un contexto en el que Panamá aparece rezagado.

 

 

Impacto económico y reputacional del estancamiento

La permanencia de Panamá en niveles bajos del índice tiene consecuencias concretas. Un entorno percibido como más corrupto reduce la confianza de inversionistas, eleva el riesgo reputacional y resta competitividad frente a otras ciudades latinoamericanas que proyectan mayor previsibilidad normativa y control institucional. En términos prácticos, la corrupción percibida opera como un “impuesto invisible” que encarece proyectos y distorsiona decisiones.

Uno de los ejes recurrentes en la discusión nacional es la percepción de impunidad en casos de alto impacto. La demora en los procesos, los incidentes judiciales y el bajo número de condenas firmes alimentan la idea de que la transparencia institucional no se traduce en sanciones efectivas, afectando la credibilidad del sistema de justicia. El caso Odebrecht continúa siendo una referencia inevitable cuando se habla de corrupción en Panamá. Los sobornos y sobrecostos asociados a contratos públicos dejaron una huella profunda en la percepción ciudadana y en la imagen internacional del país, reforzando la lectura de que los controles en la contratación pública han sido insuficientes.

El presidente José Raúl Mulino ha cuestionado públicamente la aplicación de medidas cautelares menos severas en casos graves, señalando que estas decisiones debilitan el mensaje de castigo efectivo. En su diagnóstico, la liberación de procesados o la sustitución de la detención provisional se interpreta como una señal de “puertas giratorias” que reduce el costo percibido de delinquir.

Transparency International advierte que los países con peores puntajes suelen compartir fallas estructurales: debilitamiento del Estado de derecho, baja independencia judicial y mecanismos de rendición de cuentas poco eficaces. Aunque el índice no evalúa casos individuales, sí refleja la percepción de que el sistema no logra prevenir ni sancionar con consistencia el uso indebido de recursos.

En Centroamérica, la corrupción percibida sigue asociada a problemas de captura institucional y debilidad de contrapesos. En este escenario, los países —y sus principales áreas urbanas— compiten no solo por inversión y comercio, sino por credibilidad. Aquellos que ofrecen mayores garantías de rendición de cuentas atraen mejores proyectos y condiciones de financiamiento.

El IPC 2025 confirma que Panamá permanece estancado en niveles bajos de percepción de integridad pública, sin señales claras de mejora sostenida. El reto es doble: reducir la corrupción real y reconstruir confianza con resultados verificables. En la configuración de sus ciudades y su proyección regional, la reputación institucional se consolida con hechos, no con discursos.