Guatemala busca detener a fiscal general y exministro de Colombia por caso Odebrecht

La Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala emitió órdenes de captura contra la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa Iván Velásquez, actualmente embajador ante la Santa Sede. Ambos son señalados de asociación ilícita, obstrucción a la justicia, colusión y tráfico de influencias en el marco de una investigación vinculada al caso Odebrecht, según informó el fiscal Rafael Curruchiche en un video difundido por el Ministerio Público.

Curruchiche acusa a los exfuncionarios de haber favorecido a la constructora brasileña cuando integraban la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un órgano respaldado por la ONU que operó entre 2007 y 2019. Según el fiscal, esa presunta red de apoyo ocasionó pérdidas millonarias al Estado guatemalteco y se sustenta en testimonios, correos electrónicos y documentos obtenidos desde 2017. El Ministerio Público ha solicitado a Interpol emitir circular roja y prepara un pedido de extradición a Colombia.

La respuesta del gobierno colombiano fue inmediata y contundente. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la acción como una violación al derecho internacional y a los derechos humanos, afirmando que carece de fundamentos jurídicos sólidos. Además, recordó que tanto Camargo como Velásquez actuaron en calidad de funcionarios internacionales con inmunidad garantizada por convenios de cooperación firmados con Naciones Unidas.

Velásquez es una figura reconocida internacionalmente por su liderazgo en la Cicig, especialmente por su papel en las investigaciones que derivaron en la caída del expresidente Otto Pérez Molina por corrupción. Camargo, por su parte, fue jefa del área de litigio en la misma comisión y participó en casos emblemáticos de alto perfil. Ambos han sido críticos de la fiscal general guatemalteca actual, Consuelo Porras, y del propio Curruchiche, a quienes han señalado como actores sancionados por corrupción por EE. UU. y la Unión Europea.

Analistas guatemaltecos han interpretado estas órdenes como una posible represalia política disfrazada de proceso judicial, especialmente considerando que la obra pública vinculada a Odebrecht, que habría costado 400 millones de dólares, jamás se concretó. El caso pone nuevamente en el centro del debate el uso del aparato judicial en Guatemala y las tensiones diplomáticas que podría desatar en la región.