Gobierno de Bukele detiene al detractor político Enrique Anaya

El abogado constitucionalista salvadoreño Enrique Anaya, conocido por sus críticas al presidente Nayib Bukele, fue arrestado por agentes policiales en su residencia en Santa Tecla. Según informó la Fiscalía General en su cuenta oficial de X, el motivo de su detención es una presunta implicación en delitos de lavado de dinero y activos, y será presentado ante los tribunales en los próximos días.

La detención de Anaya ocurre apenas semanas después del arresto de Ruth Eleonora López, abogada y defensora de derechos humanos, también crítica del gobierno salvadoreño. Ambos casos han despertado inquietud en organismos nacionales e internacionales, que acusan al gobierno de criminalizar a quienes cuestionan las decisiones del Ejecutivo, especialmente en temas de reelección presidencial y régimen de excepción.

Anaya fue uno de los abogados que interpuso el recurso constitucional que dio pie a la interpretación judicial que permitió a Bukele competir por un segundo mandato, a pesar de las restricciones previas en la Constitución salvadoreña. También pidió sin éxito al Tribunal Supremo Electoral que rechazara la candidatura del presidente. Su postura crítica lo mantuvo como figura frecuente en medios locales, donde expresó su preocupación por el deterioro democrático del país.

En sus declaraciones más recientes, Anaya había calificado al gobierno de Bukele como una "dictadura" y expresó temor por su seguridad, señalando que en El Salvador “el que critique se va preso”. Su abogado, Jaime Quintanilla, afirmó que su situación es comparable con la de Ruth López, a quien también se le acusa sin pruebas públicas. Organizaciones como Cristosal y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA han calificado ambos arrestos como parte de una campaña sistemática para silenciar voces disidentes.

En paralelo, el gobierno salvadoreño aprobó una controvertida ley de agentes extranjeros, que impone un impuesto del 30% a fondos recibidos por ONG, lo que ha sido interpretado como un intento por restringir su operación. La Unión Europea y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han manifestado su preocupación por las recientes medidas y detenciones. En respuesta, Bukele ha desestimado las críticas, acusando a la comunidad internacional y a las ONG de proteger intereses políticos contrarios a su gestión.