Reino Unido sacrifica 100 perros al mes tras prohibición
Las fuerzas policiales enfrentan costos millonarios y críticas sociales
Desde la implementación de la prohibición de la raza American bully XL en Reino Unido hace casi un año, más de 100 de estos perros son sacrificados mensualmente. Esta medida, destinada a reducir ataques caninos, también ha generado una carga financiera y operativa significativa para las fuerzas policiales.
Según datos obtenidos por la BBC, los costos de alojar y gestionar a estos perros incautados se dispararon, alcanzando los 31 millones de dólares anuales, seis veces más que antes de la prohibición. Muchas perreras operan al límite de su capacidad, mientras que los ataques caninos no muestran signos de disminuir. En 2024, se reportaron más de 1,990 incautaciones de perros sospechosos de pertenecer a razas prohibidas, un aumento significativo respecto al año anterior.
Lisa Willis, víctima de un ataque por un American bully XL, describió su experiencia como una "película de terror" y calificó la legislación de "inútil". Tras sobrevivir al incidente, sufrió graves lesiones en el brazo y está bajo tratamiento por estrés postraumático. Según Willis, la prohibición debe ir acompañada de sanciones más estrictas contra propietarios irresponsables.
La legislación, que restringe la crianza, venta y tenencia de esta raza salvo excepciones registradas antes de la fecha límite, también exige que los perros permitidos sean esterilizados y usen bozales en público. Sin embargo, determinar si un perro pertenece a esta raza puede requerir meses de evaluación especializada, exacerbando los problemas logísticos y financieros.
Mark Hobrough, jefe policial encargado de la lucha contra los perros peligrosos, afirmó que la normativa ha impuesto una "presión significativa" sobre las fuerzas de seguridad. Además, hizo un llamado al gobierno para aumentar el financiamiento destinado a manejar estas situaciones.
Mientras tanto, el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra) defiende la prohibición como una medida crucial para proteger la seguridad pública. Sin embargo, las críticas sobre su efectividad y las tensiones sobre su implementación continúan acumulándose.