Perú aprueba amnistía para militares acusados por conflicto interno

El Congreso de Perú aprobó este miércoles, en segunda votación, una controvertida ley de amnistía que beneficiará a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa involucrados en el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. La norma, que ahora queda en manos de la presidenta Dina Boluarte para su promulgación, podría cerrar decenas de investigaciones y liberar a condenados mayores de 70 años por delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos.

Impulsada por bancadas de derecha, como Fuerza Popular y Honor y Democracia, la ley fue ratificada con 16 votos a favor y 11 en contra en la Comisión Permanente del Congreso. Entre sus impulsores destacan el exmilitar Jorge Montoya y el legislador Fernando Rospigliosi, quienes argumentaron que se busca poner fin a procesos judiciales abiertos desde hace más de tres décadas. “Los militares presos que tienen más de 70 años se van a la calle. Los procesos abiertos se cierran”, declaró Rospigliosi.

La norma ha sido duramente cuestionada por organismos nacionales e internacionales. Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtieron que la ley contraviene los estándares internacionales que prohíben las amnistías en casos de crímenes de lesa humanidad. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señaló que esta medida “agiganta la impunidad” e invisibiliza a las miles de víctimas de ejecuciones, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual registradas durante el conflicto.

En agosto de 2024, el Congreso ya había aprobado una ley que declaró prescritos los crímenes cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas, beneficiando al fallecido expresidente Alberto Fujimori y a cientos de militares. Con esta nueva amnistía, se profundiza la preocupación sobre la voluntad del Estado peruano de garantizar justicia y memoria. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el conflicto dejó un saldo de aproximadamente 70.000 víctimas y más de 4.000 fosas clandestinas aún por investigar.

La aprobación de esta ley reabre el debate sobre los límites entre reconciliación y justicia, y plantea desafíos para la credibilidad institucional del Perú ante organismos internacionales. Para tomadores de decisiones, este giro legislativo podría impactar no solo en la política interna y los derechos humanos, sino también en la relación del país con actores multilaterales y fondos de cooperación que condicionan su apoyo al cumplimiento de estándares democráticos.